La magistrada titular de la Tercera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, aseveró que tanto los jueces municipales como los integrantes de las direcciones de Seguridad Pública en los ayuntamientos, son auxiliares en la impartición de la justicia.
Por tal motivo, solicitó a las presidentas y presidentes municipales que, al momento de designar a estos servidores públicos, hagan una evaluación correcta para garantizar un adecuado desempeño de sus funciones.
Así lo manifestó durante el conversatorio de inducción denominado “El Poder Judicial y los municipios, una relación clave para el derecho humano de acceso a la justicia”, ofrecido a los 60 munícipes y con quienes abordó el tema del papel de la Policía Municipal y su participación en el cumplimiento de mandamientos judiciales.
Cortés Ornelas destacó que entre más capacitado esté el personal para cumplir una función específica, seguramente esto llevará a buen puerto el desempeño de cada uno de los ayuntamientos, pues al igual que el Poder Judicial de Tlaxcala, las comunas están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Refirió que un punto importante a tomar en cuenta por las y los alcaldes, es la designación del Juez Municipal, quien deberá contar con los requisitos legales para que el TSJE pueda validar su nombramiento, además de estar capacitado en perspectiva de género, pues muchas de las problemáticas que se generan en las comunas, podrán atenderse con base a la capacitación adecuada con que cuente este servidor público.
Dijo que, como parte de la actividad jurisdiccional, el Poder Judicial cuenta con diligenciarios y asistentes que acuden a realizar notificaciones derivados de cualquier procedimiento civil, familiar, penal u otros, pero debido a las controversias entre las partes, existen zonas con alto riesgo para desarrollar esta actividad, sobre todo en materia penal, pues las personas suelen recibirlos con amenazas de agresión, por lo que solicitó el respaldo de los ayuntamientos para mantener una comunicación estrecha en caso de que éstos servidores sean objeto de una agresión.
Otra situación donde requieren una colaboración estrecha, es con las órdenes de protección, pues desafortunadamente la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y una evidente violación a sus derechos humanos que incluso pone en riesgo a más víctimas al interior de sus familias, por ello, requirió el respaldo de las autoridades municipales para atender esta problemática.
No solo eso, pues precisó que las órdenes de protección, en caso de emergencias, pueden ser expedidas por los jueces municipales hasta por un lapso de 72 horas y de persistir el riesgo, pueden recurrir a un juez o un agente del Ministerio Público para ampliar dichas medidas. Por ello, la magistrada consideró que debe existir una relación permanente entre el Poder Judicial y los ayuntamientos para el adecuado desempeño de sus funciones. (Boletín)
